La Corte de Constitucionalidad eliminó la obligación de reportar socios y porcentajes accionarios ante la SAT, el acceso ilimitado de la SAT a los registros públicos y el uso obligatorio del NIT en toda relación privada. Pero revivió dos disposiciones que estaban suspendidas, y el Decreto 15-2026 devuelve por otra vía el deber de revelar quién está detrás de una sociedad, con plazos que empiezan a correr en septiembre.